Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a resolución del Consejo de Ministros, desestimatoria de las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivadas de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala parte de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no es una presunción de antijuricidad absoluta de los daños derivados de sus actos de aplicación, ya que puede ser desvirtuada en supuestos en los que no se acredite que la sujeción a tributación de una realidad patrimonial vulnere el principio de capacidad económica. La vulneración del principio de capacidad económica es la ratio decidendi tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, como de la declarada en la STC 182/2021, circunstancia que resulta relevante a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable económicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada. Por lo tanto, no se puede afirmar que de la nulidad declarada por el TC, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha, sino que será necesario en todo caso probar la minusvalía.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador con sustento en la sentencia del TC 182/2021, de 26 de octubre, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala considera que no se cumplen los requisitos legales para acceder a la indemnización. Falta de acreditación de que las transmisiones patrimoniales gravadas no hubieran expresado un incremento patrimonial sujeto a gravamen por el IIVTNU.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: determinar si las autoliquidaciones practicadas por el propio contribuyente por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuya rectificación se solicite después del 26 de octubre de 2021 (fecha en que se dictó la STC 182/2021 (26) ) tienen o no la consideración de situaciones consolidadas que puedan considerarse susceptibles de ser revisadas con fundamento exclusivo en la citada sentencia a través de la presentación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación.
Resumen: La suspensión o limitación transitoria de la actividad de un determinado sector ordenada por las Comunidades Autónomas, en aplicación del estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, no permite considerar, a falta de una previsión legal en tal sentido adoptada por la CC.AA. gestora de la tasa, que deba reducirse proporcionalmente el importe de la Tasa Fiscal sobre el Juego durante el periodo en que estuvo vigente tal medida y, con base en ello, ordenar la devolución de ingresos indebidos del cuarto trimestre del ejercicio 2020.
Resumen: En interpretación del art. 33.5.d) LIRPF, en la redacción previa a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, procede computar, a efectos de este impuesto, como pérdidas patrimoniales, todas las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo, procediendo su compensación con el importe de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador con sustento en la sentencia del TC 182/2021, de 26 de octubre, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala considera que no se cumplen los requisitos legales para acceder a la indemnización, por no haberse obtenido sentencia desestimatoria en la instancia, lo que además, impide apreciar la antijuricidad.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: determinar si las autoliquidaciones practicadas por el contribuyente por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya rectificación se solicite después del 26 de octubre de 2021 (fecha en que se dictó la STC 182/2021) pero antes del 25 de noviembre de 2021(fecha de su publicación en el BOE) tienen o no la consideración de situaciones consolidadas que puedan considerarse susceptibles de ser revisadas con fundamento exclusivo en la citada sentencia a través de la presentación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación.
Resumen: El hecho imponible no queda suspendido durante las limitaciones producidas por el estado de alarma, ni tampoco el devengo de la tasa que depende de una autorización y no de la obtención de ingresos. En consecuencia, no se vulnera el principio constitucional de capacidad económica invocado.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado, desestimatoria del recurso interpuesto contra tres liquidaciones del IIVTNU siendo el hecho imponible la transmisión del tercio de la titularidad de las fincas. Se trata de un supuesto en que se decretó expulsión del ordenamiento jurídico de varios artículos de la LRHL referidas a las liquidaciones del IIVTNU, considerando dicho Tribunal que nos encontramos ante la denominada situación consolidada toda vez a fecha de la sentencia del TC no había sido interpuesto recurso contencioso administrativo, y por ende no resulta aplicable en este supuesto la referida STC. Se dice que hay nulidad de la liquidación del IIVTNU por falta de notificación del valor catastral, lo que permite la impugnación del valor catastral en el momento en que se notifica la liquidación correspondiente, es factible impugnar la liquidación de IBI sobre la base de asignación de valores catastrales al inmueble. En este caso seria factible la impugnación del valor catastral de la finca, pero ciertamente no se practica prueba alguna que desvirtúe la presunción de validez de la resolución del catastro, debiendo por ende desestimar dicho motivo de impugnación. No prueba la recurrente que la valoración del inmueble por el catastro sea superior al valor de mercado, no probando error en la cuantificación del mentado valor catastral, sin que tampoco se acredite la invocada vulneración del principio de capacidad economica.
Resumen: El hecho imponible no queda suspendido durante las limitaciones producidas por el estado de alarma, ni tampoco el devengo de la tasa que depende de una autorización y no de la obtención de ingresos. En consecuencia, no se vulnera el principio constitucional de capacidad económica invocado.
